Defensoría ganó tutela a favor de desplazados
En virtud de una demanda presentada por el Defensor del Pueblo Seccional Cesar, el Juez Segundo Administrativo de la ciudad de Valledupar, tuteló los derechos fundamentales invocados por la Defensoría del Pueblo a favor de 115 familias desplazadas que se encuentran en una bodega del antiguo Idema y que iban a ser desalojados.
La Defensoría impulsó la Acción de Tutela en defensa de los derechos de estas familias desplazadas contra quienes se adelantaba un proceso de desalojo, sin que para ellos se realizaran de manera previa, los derechos que como victimas del desplazamiento forzado de personas, las autoridades nacionales y territoriales están en la obligación de garantizar conforme a la Constitución y la Ley.
El Defensor Seccional en el Cesar, Agustín Flórez Cuello, instauró la mencionada acción judicial, después de múltiples e infructuosas gestiones realizadas ante las autoridades locales para que, antes que proceder a desalojar a los desplazados de una propiedad del Estado, se reconozca su condición y su carácter de víctimas y se garantice para ellos una reubicación en condiciones de dignidad y la realización de los derechos como una comunidad sometida a condiciones de particular vulnerabilidad.
Era evidente para la Defensoría del Pueblo, y así lo constató el despacho judicial, que los desplazados referidos no están gozando de la protección y las garantías para una vida digna a que tienen derecho.
En virtud de la demanda, el Juez Segundo Administrativo resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados por la Defensoría del Pueblo a favor de la población desplazada e impartió una serie de ordenes dirigidas fundamentalmente al la Gobernación del departamento del Cesar, al municipio de Valledupar y varias entidades oficiales del orden nacional y territorial a efecto de que se adelanten las gestiones en relación con temas como vivienda, servicios públicos, atención humanitaria, salud, proyectos productivos, educación y reubicación con lo cual se espera el reconocimiento y la realización de los derechos de esta comunidad desplazada.
Igualmente, se ordenó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, suspender la diligencia de desalojo que se pretendía adelantar.
Este caso, permite constatar las difíciles circunstancias por las que atraviesan las comunidades desplazadas en esta región del país que, a su vez, constituyen las principales víctimas de la violencia en Colombia y ante lo cual la Honorable Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento, el que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, aún se mantiene.La Defensoría del Pueblo continuará en su labor permanente de defensa de los derechos humanos, abogando por los y las desplazadas en el país, hasta que la realización de sus derechos sea una realidad.
