Ante el Congreso de la República: Se busca implementar un seguimiento seguro de las iniciativas que afectan los derechos, libertades y garantías constitucionales que permitan a la Defensoría del pueblo intervenir oportunamente en su trámite.
Ante la Corte Constitucional: La Defensoría está dirigida a la presentación de acciones públicas de inconstitucionalidad frente a normas de rango legislativo que atentan contra los derechos humanos, a la vez que interviene en procesos ya iniciados como efecto de la iniciativa de particulares, siempre en el sentido de lograr que el ordenamiento jurídico se avenga a los mandatos constitucionales y se ajuste a los derechos humanos.
Ante el Consejo de Estado: Ley 387 prevé las condiciones para determinar quiénes tienen derecho a acceder a la protección estatal como consecuencia del desplazamiento forzado. No obstante, la autoridad encargada de reglamentar tales condiciones, creó un nuevo requerimiento, exigiendo que los afectados realicen la declaración ante las autoridades competentes acerca de los hechos del desplazamiento dentro del año siguiente a la ocurrencia del mismo, situación esta que afecta el derecho a la ayuda humanitaria de miles de personas desplazadas en nuestro país.
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